LA ÚNICA VERDAD SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
Sentencia histórica, única y absoluta, sobre la que satisfacer toda suerte de interrogante respecto a la guerra civil española: No hubiese existido el tan recurrido régimen franquista, si el PSOE, Ezquerra Republicana de Cataluña, el Partido Comunista y en fin, toda la izquierda de dentro y de fuera de España, en bloque, no hubiesen hecho, no hubiesen provocado y desarrollado la archiconocida Guerra Civil Española. A penas hubiese existido en la historia el nombre de Francisco Franco, si esta fanática guerra que ellos desataron no hubiese estado organizada, apoyada y dirigida por el Kremlin, con la intención común y abiertamente confesada entonces, de instaurar en España y sin reparos, la “dictadura del proletariado,” o sea, lo que en estrictos términos de la ideología marxista que todos ellos profesan significa literalmente: la imposición del comunismo.
Desde entonces a esta parte, no ha pasado un año en que este “tiro por la culata” no haya sido objeto de la más fanática y obcecada reivindicación, lo cual ha sido drásticamente la causa de que la llamada “democracia española” sea cuanto menos imposible de llevar a la práctica. Y todo porque simple y llanamente, ellos han trasladado literalmente esta guerra al seno de esta sociedad que confunden para intentar ganarla; ganar en el 2008 el proyecto común de las izquierdas de 1934, encajado, impuesto en el seno de semejante propósito libertario emprendido en 1978, sólo que ahora, desde las mismísimas instituciones del estado español.
Por eso ahora, entre tantísimos o enésimos precedentes, es que el hipermediático juez Garzón, en estricta obediencia a su jefe político, el presidente del 11 de marzo de Madrid, quiere inventar nuevos casos de “crímenes de la guerra civil,” expresión que en boca de toda la izquierda antisistema a la que todos ellos pertenecen, significa única y exclusivamente: “crímenes del Franquismo.” O sea, la tergiversadora y fanática campaña propagandística de siempre, esta vez orquestada como una ofensiva sin precedente, repetimos, desde el mismísimo gobierno de la nación. Si existe mayor gravedad de delito contra el estado, que alguien nos lo comunique.
Desde esta página se ha señalado siempre los objetivos estrictos que persiguen todas y cada una de las campañas generadas por la izquierda en España: acabar, fulminar al estado de derecho dado que en su común teoría ideológica significa el aborrecido “capitalismo”, y dado que en la práctica de las sociedades significa la imposibilidad de alcanzar la calidad de poder históricamente perseguida desde la guerra civil y a la que ellos no renunciarán jamás.
Da igual que volvamos a preguntar al “juez” Garzón por Paracuellos. Da igual que le preguntemos por Santiago Carrillo, ese fanático asesino de masas penalmente definido como tal mediante toda suerte de pruebas jurídicas; ese monstruo de los crímenes contra la humanidad al que el PSOE no pierde ocasión de homenajearle y agasajarle sin reparos en sus actos. Da igual; ellos simplemente actúan en todo momento para lograr los objetivos de aquella guerra que provocaron y que perdieron, camuflándose ahora hoscamente de democracia y de sistema para confundir a la opinión española, para guiarla a esos criminosos propósitos irrenunciables, para carcomer desde dentro, como un topo, todo cuanto odiaron, odian y odiarán: el sistema de derecho, la democracia y muy sobre todo, esa molesta España cristiana que osa enfrentárseles, denunciarles y atajarle, tal y como ocurrió entonces y tal y como ocurre ahora en esa perenne guerra que ellos nos imponen.
Pues simplemente eso: mientras existan ellos, existirá la guerra civil en el seno de la sociedad civil española. Mientras toda “política” o memoria histórica de la guerra civil consista única y exclusivamente en la reivindicación de sus objetivos por el bando que la provocó; mientras esta guerra exista artificialmente en el seno de la sociedad española, mientras ella determine el pensamiento político español, convertida ahora muy claramente en mera ideología, será imposible aplicar verazmente la libertad y el estado de derecho en España, porque simple y llanamente, ambas cosas son literalmente incompatibles.
Garzón quiere censar a los republicanos desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.
Es una verguenza nacional el proceso contra Garzón, escuchando a esos lejanos familiares de las víctimas de la guerra, la cantidad de dinero que se ha gastado buscando los restos de personas que fueron juzgadas y setenciadas de un solo bando, por que no llaman a Carrillo para que explique la verdad de todo lo que ocurrió, el es un testigo el único que puede dar luz en este asunto y así todos los españoles quedaríamos enterados de la verdad.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el primer juez que le vieron acudir a la estación de Atocha a los pocos minutos de la explosiones del terrible atentado del 11-M. lo comprobó y se marcho de incógnito, poco después se marchó a Estados Unidos, poniendo la distancia por medio, volvió a los dos años y medio como todos sabemos.
Ha pedido al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Garzón comienza estas actuaciones sin haber resuelto todavía el chivatazo a ETA. y otras causas.
La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".
En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos "enterramientos masivos", así como cuándo se produjeron.
Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.
Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado. Garzón requiere a una de las partes personadas aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su en el bar "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".
El Tribunal Supremo español reanudó hoy el juicio contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar los crímenes del franquismo con la declaración de varios testigos cuyos familiares desaparecieron en la guerra civil (1936-1939).
El magistrado está acusado de prevaricación por haberse declarado competente en 2008 para juzgar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 al comienzo de la democracia.
Los primeros testigos explicaron que acudieron a la Audiencia Nacional -el alto tribunal donde ejercía el magistrado, ahora suspendido de sus funciones- en busca de "justicia", después de múltiples gestiones infructuosas para localizar a sus familiares desaparecidos.
"Se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos.
Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñina. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre murió enferma tras su desaparición", contó Pino Sosa, representante de una asociación de la Memoria Histórica de la isla de Gran Canaria.
María Martín López, de 81 años, recordó ante el tribunal cómo mataron a su madre el 21 de septiembre de 1936, y confirmó que sabe dónde se encuentra el cadáver, en una fosa con otros cinco cuerpos.
A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, las dos mujeres explicaron que interpusieron una denuncia en 2006 en la Audiencia Nacional después de haber fracasado en todas las gestiones realizadas para localizar a sus familiares en ayuntamientos y en el bars.
Por su parte, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de otra asociación de Memoria Histórica, denunció un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República, que -señaló-, podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".
Aseguró que se llegó a esa conclusión tras analizar los datos de los archivos del Estado a los que no tuvieron acceso hasta el año 2000.
Rodríguez Gallardo dijo también que será "imposible" saber qué pasó con los desaparecidos sin la intervención judicial y exclusivamente con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica.
El juez Garzón negó ayer, al declarar ante el tribunal, que actuase por razones políticas al declararse competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
"Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal", dijo el magistrado ante el Tribunal Supremo. No hay que decir nada, está todo dicho, todos sabemos que este Sr. estaba afiliado al PSOE, se presentó en unas elecciones para Ministro de Justicia, como es natural es un hombre de izquierdas.
Garzón tiene abiertas otras dos causas judiciales, una de ellas por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción y la otra por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.
El Tribunal Supremo (TS) reanudó este miércoles el juicio contra el conocido magistrado, quien afronta un pedido de pena de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta.
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Miguel Bernat explica en la Cope que Garzón esta en su casa enfermoó al Gobierno para salir airoso (Embedding disabled, limit reached)
